A tres días de que se ejecutara el lanzamiento de nuestra clienta Dña. Francisca Carmona Santiago, mujer de 74 años, y situación de vulnerabilidad social, nuestro despacho Escalante & Botello ha negociado, verdaderamente a contrarreloj, la suspensión del desahucio previsto para el próximo lunes 28 de septiembre a las 11:00 horas en su vivienda de la calle Príncipe de Vergara, Marbella.

La suspensión se ha alcanzado mediante un difícil acuerdo provisional tripartito entre la empresa propietaria del inmueble —vinculada al padre de Ana Obregón— y el Ayuntamiento de Marbella, que pone freno, al menos temporalmente, a un desenlace que parecía inevitable tras más de tres décadas de reubicaciones habitacionales gestionadas por la propia Administración municipal.

Un caso que resume la inhumanidad y el fracaso del sistema.

La historia de Dña. Francisca no es la de una ocupación irregular, sino la de una ciudadana que, desde 1992, fue expropiada por la administración del por entonces partido GIL.

Esta expropiación se dio en una época en que Marbella parecía el Salvaje Oeste: sin ningún tipo de trámite, ni expediente administrativo. De hecho, esta representación, incluso con la colaboración de los funcionarios del Archivo Municipal de Marbella, no logró encontrar ningún rastro documental de la misma.

Desde entonces, la vida de Dña. Francisca, que había adquirido su vivienda honradamente, pasó a manos de la Administración para tener un techo. Primero le entregaron una vivienda en calle San Antonio, años después en 2002 el hoy fallecido D. Julián Muñoz le entregó «en mano» una vivienda en Terrazas de Marina Marbella II y, desde 2014, se le cedió otro inmueble en Príncipe de Vergara, vivienda que el propio Ayuntamiento le entregó sin ser su titular.

Cuando el verdadero propietario reclamó el inmueble, una empresa dedicada a la tenencia de propiedades, la anterior defensa de Dña. Francisca no logró que se le reconociese su justo título, sin que desde entonces ninguna Administración, ni municipal ni autonómica, ofreciera después una alternativa habitacional digna. Todos se lavaron las manos como Pilatos.

En resumidas cuentas: El Ayuntamiento expropia a Dña. Francisca, la deja treinta años de casa en casa, la última se la da por error, y ahora la empresa propietaria la desahucia.

Una vez Escalante & Botello asumió la defensa, con una Sentencia ya firme de lanzamiento, el despacho ha tenido que enfrentar no solo la maquinaria judicial, sino también informes de los propios servicios sociales que, en contra de sus actos anteriores, llegaron a negar la vulnerabilidad económica de Dña. Francisca, una afirmación que los hechos desmienten, porque ella malvive con su pensión de viudedad de 600 euros.

Y no solo eso, los servicios sociales llegaron a acordar que ella «se fuera a vivir con familiares» e incluso le propuso ingresarla en una residencia de mayores. Este trato es palmariamente hostil e injustificable hacia una mujer mayor a la cual el propio Ayuntamiento expropió, y que durante años agotó todas las vías posibles: peticiones al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía, reclamación de responsabilidad patrimonial y, finalmente, un recurso contencioso-administrativo aún en curso, en el que se solicita que se le reconozca un derecho de usufructo vitalicio sobre una vivienda que sí pertenezca realmente al patrimonio municipal, y, subsidiariamente, una indemnización acorde.

También se llegó a apelar al Comité DESC de la ONU, organismo que nunca respondió.

Un maltrato institucional.

A todo ello se suma un proceso judicial de ejecución larguísimo desde el año 2024, y repleto de irregularidades de trámite, recursos y suspensiones hasta el último momento, habiéndose incluso traspapelado un informe vinculante de la Junta de Andalucía sin que el Juzgado quisiese admitir su error, yendo ciegamente en contra de Dña. Francisca y sin mostrar la más mínima empatía humana.

Este proceso de desahucio viciado de nulidad fue completamente inhumano para Dña. Francisca, pero, gracias al apoyo de la plataforma civil Un Techo por Derecho y de los medios de comunicación, pudo llegar a oídos de las más altas instancias del Ayuntamiento de Marbella para que, por fin, a menos de una semana del desenlace fatal, interviniesen para detener temporalmente la situación.

Gracias a que existen todavía personas con un corazón noble en el mundo, la plataforma Techo por Derecho ha acompañado a Dña. Francisca de forma absolutamente desinteresada durante todo el proceso. Su compromiso llegó hasta el extremo de ofrecerse a pernoctar en casa de Dña. Francisca la noche del domingo previa al desahucio, dispuestos a acompañarla físicamente hasta el último momento si el lanzamiento se hubiera producido.

Desde Escalante & Botello queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a esta plataforma y a todas las personas que, de manera anónima, han sostenido a Dña. Francisca cuando los Juzgados y las Administraciones llamadas a protegerla miraban hacia otro lado.

La lucha no ha terminado…

Celebramos esta suspensión temporal, pero lo hacemos sin perder de vista lo que representa: un acuerdo provisional hasta diciembre de 2026, no una solución definitiva. El fondo del problema —la falta de una alternativa habitacional estable, digna y jurídicamente segura— sigue sin resolverse, y el procedimiento contencioso-administrativo y las negociaciones con la propiedad continúan su curso.

Hoy en día como todos sabemos el caso de Dña. Francisca no es un problema aislado. Es, lamentablemente, el reflejo de una realidad que se repite en toda España, donde se pone por encima el lucro de las empresas sobre las personas. Claro que no cuestionamos que las sociedades mercantiles persigan un legítimo afán de lucro, pero siempre con límites del respeto a la vida, de ponerse en el lugar de las personas vulnerables… unas personas que podrían ser nuestras madres y abuelas.

Así se trata institucionalmente a las personas mayores; sin ofrecer respuestas a tiempo, y muchas de las veces, incluso «puñaladas por la espalda» como le dieron a Dña. Francisca.

Desde nuestro despacho seguiremos trabajando con el mayor denuedo para que la sociedad tenga valores, para que los Derechos no sean pisoteados por los más poderosos, y para que el derecho a una vivienda digna deje de ser, para quienes más lo necesitan, una promesa utópica.