Uno de los riesgos más evidentes de los procedimientos penales complejos es la tendencia a homogeneizar todas las conductas y responsabilidades, diluyendo el análisis individualizado que exige cualquier imputación penal.

Este peligro se acentúa cuando las causas se proyectan mediáticamente como «macroprocesos» en los que existen una pluralidad de investigados, y en el que el riguroso examen de hechos concretos da paso a un estudio genérico sobre la conducta más o menos reprobable de algún funcionario extendiéndose sus efectos sobre aquellos que no actuaron de tal guisa.
 
Este es precisamente el núcleo técnico de la defensa ejercida por el letrado Miguel Ángel Escalante Torre en la macrocausa seguida en la provincia de Málaga contra varios funcionarios de la Agencia Tributaria y terceros. En lo que respecta a una de las personas investigadas —cuya identidad debe preservarse—, la imputación se pretende sustentar en una clara confusión entre funciones administrativas de tramitación y facultades decisorias que nunca le correspondieron.
 
La defensa ha acreditado desde el primer día que las tareas técnicas de la persona a la que se representa eran propias de su puesto de trabajo, carentes de capacidad de resolución y sometidas, en todo caso, a la supervisión jerárquica de otras personas que, paradójicamente, no han sido llamados siquiera a declarar como investigados. Es decir, que mientras los máximos responsables no responden ante la justicia, ésta se alimenta como chivo expiatorio de otros funcionarios.
 
Desde estas premisas, resulta jurídicamente insostenible atribuirle conductas típicas de delitos como prevaricación, revelación de secretos o cohecho a quien nos encomienda su defensa en esta causa, pues faltan los elementos objetivos y subjetivos exigidos por el tipo penal para cada uno de ellos.
 
La imputación se construye así sobre inferencias y generalizaciones que no resisten un análisis penal individualizado y que, además, obvian por completo el contexto en que se desarrollaron, en plena pandemia, momento el que la rigurosa protección de los datos de los contribuyentes pasó a un segundo plano, promoviendo mecanismos alternativos para que éstos pudieran hacer los trámites incluso por teléfono, en aras de conseguir el aplazamiento de sus deudas, la paralización de los embargos, etc.
 
No es irrelevante conocer que, pese a la petición inicial del Ministerio Fiscal de prisión provisional sin fianza, la persona que ha encomendado a este Despacho su defensa salió desde el comienzo en situación de libertad provisional, siendo la única sobre la que no se adoptó una medida cautelar tan gravosa habiéndolo interesado el Ministerio Público y es que, desde la fase más embrionaria ya se percibía que en su persona no concurrían los mismos elementos de criminalidad que del resto de encartados y que su mayor delito era su inocencia al no percatarse de determinados comportamientos de quienes había considerado personas íntegras.
 
La causa continúa su tramitación y será la Audiencia Provincial de Málaga la que valore la prueba en su conjunto. Pero desde Escalante & Botello Abogados creemos en que la única solución posible para nuestro patrocinado/a es la absolución.