El despacho Escalante & Botello Abogados está liderando a defensa jurídica a los vecinos y colectivos ciudadanos que han presentado ya más de 300 alegaciones contra el proyecto de planta de producción de hidrógeno verde «La Joya H2», previsto en el entorno sur del Torcal de Antequera, una de las zonas de mayor valor ambiental y paisajístico de la provincia de Málaga.
La creciente preocupación social ante el impacto potencial de esta instalación industrial ha impulsado una contundente respuesta jurídica organizada por parte de la ciudadanía, que ha encontrado respaldo en el trabajo legal del despacho.
La movilización vecinal se consolidó tras una reunión informativa celebrada en la pedanía de La Joya el 28/02/2026, convocada por la Plataforma por la Protección de la Zona Sur del Torcal y la Asociación Valle Natural Río Grande, en la que participaron más de 300 personas entre residentes, agricultores, expertos técnicos y representantes institucionales.
Durante este encuentro, el abogado Adrián Peña Botello, letrado de Escalante & Botello Abogados y asesor jurídico de la Plataforma, explicó detalladamente el contenido de las alegaciones presentadas ante la Administración, exponiendo las principales deficiencias técnicas y jurídicas detectadas en la documentación del proyecto y los fundamentos legales que sustentan la oposición vecinal.
En su intervención analizó las posibles afecciones al equilibrio ecológico del territorio, al paisaje y a los recursos hídricos de la zona, así como el impacto que una infraestructura industrial de estas características podría tener sobre el modelo de vida rural, la agricultura y la biodiversidad del entorno del Torcal.
La preocupación manifestada por los vecinos se centra especialmente en el posible impacto sobre los acuíferos de la zona, las emisiones atmosféricas asociadas a la actividad industrial y la transformación estructural del paisaje en un enclave de alto valor ambiental. Tras la exposición jurídica del letrado, numerosos asistentes intervinieron para trasladar su inquietud por las consecuencias potencialmente irreversibles que la implantación de la macroplanta podría generar en el territorio.
Se mostró asimismo la alta preocupación de la forma jurídica elegida por los promotores (grupo Avalon Renovables) en forma de la mercantil Sirocco Hydrogen 2 S.L., que es una de las doce micro-empresas fragmentadas por oscuros motivos, entre los cuales podría estar el dificultar las responsabilidades medioambientales mediante avanzadas técnicas de ingeniería societaria.
Este grupo destaca por ser un fondo de inversión de capital extranjero, que al parecer, no muestra la sensibilidad suficiente de la viabilidad ambiental y económica de sus proyectos, e hipotéticamente los promueve a través de micro-empresas y sociedades unipersonales, que pueden desaparecer tan pronto como aparecen.
En paralelo a la movilización ciudadana, la oposición al proyecto cuenta también con el apoyo institucional.
Una delegación de la Plataforma por la Protección de la Zona Sur del Torcal, acompañada por el abogado Adrián Peña Botello, mantuvo recientemente una reunión de trabajo con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Antequera para analizar el alcance del proyecto y las implicaciones urbanísticas y ambientales que podría tener para el municipio.
Durante dicho encuentro, el alcalde de Antequera, el Excmo. D. Manuel Barón, y su equipo manifestaron de forma expresa su rechazo a la iniciativa y trasladaron a los representantes vecinales que el Ayuntamiento está dispuesto a luchar contra el proyecto hasta las últimas consecuencias, incluyendo la interposición de un recurso contencioso-administrativo si finalmente se autorizara la planta.
En esa misma reunión, el equipo de gobierno municipal subrayó que el vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Antequera establece actualmente el máximo nivel de protección urbanística posible frente a este tipo de instalaciones industriales en el entorno afectado, señalando además que no existe previsión de modificar dicha protección en el futuro.
Esta posición refuerza el posicionamiento institucional ya expresado por el Ayuntamiento, que ha presentado igualmente diversas alegaciones dentro del procedimiento administrativo.
La creciente implicación de administraciones locales, asociaciones y vecinos refleja la relevancia territorial y jurídica de este procedimiento, que se encuentra aún en fase administrativa y cuyo resultado dependerá en gran medida del análisis técnico y legal que realicen las autoridades competentes.
