En Escalante & Botello hemos tenido que defender los derechos al honor y la imagen de unos clientes que, sin su consentimiento, fueron grabados y publicados en unas redes sociales (conocidas por todos), con un resultado de millones de visitas y una extrema viralización, desencadenándoles en pocos días un escarnio público absolutamente salvaje y atroz.
 
Esto les produjo la lesión no sólo de sus derechos fundamentales de imagen y de su honor, sino también una serie de secuelas psíquicas graves, al ser el «hazmerreír» incluso de las personas del trabajo y su vida cotidiana.
 
Y es que nadie merece eso, ni debemos contribuir a reírnos de las personas en los entornos digitales. En ningún caso, porque se sufre mucho. No nos imaginamos el daño que un mero meme o comentario de broma puede hacerle a una persona. Un gran mal de nuestro mundo moderno es que, en la jungla digital, las burlas, acoso y bullying normalmente quedan sin consecuencias y en total impunidad.
 
No lo hagas a nadie, porque mañana puedes ser tú.
 
Por fortuna, cuando el daño ya está hecho, existen medios de defensa para la lucha por los derechos y para exigir una justa reparación a los responsables —aunque son medios todavía muy lentos—; tanto frente a la persona que capta la imagen y la publica sin consentimiento, como a la plataforma digital si no actúa con la diligencia y presteza exigible.
 
Tus derechos básicos. Hazlos valer.  
 
En España, los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen están reconocidos como derechos fundamentales por el artículo 18.1 de la CE. Además, el propio artículo 20.4 CE establece expresamente que las libertades de expresión e información encuentran uno de sus límites en el respeto a esos derechos.
 
Su protección civil se desarrolla principalmente en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, pero cuando la intromisión se produce en una plataforma como YouTube, TikTok, Instagram o Facebook entra también en juego el Reglamento (UE) 2022/2065 de Servicios Digitales (Digital Services Act o DSA), cuyos artículos 16 y 20 ofrecen al perjudicado herramientas especialmente importantes para denunciar el contenido, provocar una decisión de la plataforma y recurrirla.
 
¿Qué hago si han subido mi imagen sin mi consentimiento? Sigue estos tres pasos.
 
Tienes que actuar muy rápido, ser muy exacto, y guardar todas las pruebas. Guarda capturas de pantalla de todo, tanto de los mensajes que envías, como del vídeo en cuestión, los comentarios, y las visitas y reenvíos.
 
El error más típico es denunciar inmediatamente un vídeo y perder, tras su retirada, parte de la prueba necesaria para acreditar posteriormente qué se publicó y qué alcance llegó a tener.
 
Así, el primer paso es recabar las pruebas. Antes de efectuar la reclamación conviene que conserves de forma ordenada la URL exacta de cada publicación, identidad y nombre de usuario de la cuenta, fecha, capturas o grabación de pantalla del vídeo completo, texto que lo acompaña, comentarios relevantes, número de reproducciones, “me gusta”, compartidos y cualquier dato visible sobre su difusión o posible monetización. En asuntos de especial gravedad puede resultar conveniente reforzar la prueba mediante mecanismos de acreditación digital, pericial o notarial.
 
La difusión importa especialmente porque el artículo 9.3 de la LO 1/1982 ordena valorar el daño moral atendiendo a las circunstancias del caso, la gravedad de la lesión y, entre otros factores, la difusión o audiencia del medio.
 
El segundo paso es la reclamación al usuario y a la plataforma.
 
Tu mensaje a la plataforma ha de ser muy exacto y estar muy bien escrito. Indentifica el vídeo exacto, y al usuario que lo ha subido. Di que el vídeo ha sido subido sin tu consentimiento, o que vulnera tu honor (o ambas cosas) y menciona el minuto exacto donde apareces.
 
Conserva copia del mensaje y de la respuesta automatizada que te manden, con la fecha y el número de incidencia. En la documentación analizada, por ejemplo, la conservación del número asignado a la primera reclamación permite fijar con precisión el momento en que la plataforma había recibido información sobre la posible ilicitud del contenido.
 
La base de todo ello está en el artículo 16 del DSA: la notificación debe generar un conocimiento efectivo a la plataforma. Este es uno de los preceptos más importantes del Reglamento de Servicios Digitales.
 
El artículo 16 del Reglamento (UE) 2022/2065 obliga a los prestadores de servicios de alojamiento de datos a disponer de mecanismos accesibles y fáciles de utilizar para que cualquier persona pueda notificar contenidos que considere ilícitos.
 
Pero no todas las denuncias tienen el mismo valor jurídico. Para que la reclamación sea verdaderamente eficaz, como te decimos, debe permitir identificar con precisión el contenido y explicar por qué se considera ilícito. Por tanto una buena notificación debería incluir:
 
La URL exacta del vídeo, fotografía, reel, publicación o contenido denunciado, y tantas URLs como reproducciones concretas se pretendan denunciar.
 
Una explicación clara de la ilicitud: por ejemplo, captación o utilización de la imagen sin consentimiento, reutilización para una finalidad distinta de la autorizada, montaje vejatorio, utilización comercial no consentida o expresiones lesivas del honor.
 
La identificación del afectado y del usuario que publica el contenido, cuando resulte posible.
 
Los datos de contacto exigidos por el sistema y tu declaración de buena fe.
 
Desde el punto de vista probatorio no basta con afirmar de forma genérica que «este vídeo vulnera mi privacidad». Debes dejar constancia de que tu comunicación dejó objetivamente establecida qué contenido es, dónde se encuentra, quién es la persona afectada y qué circunstancias concretas hacen ilícita su difusión.
 
Si lo haces así, entonces pones «La pelota en el tejado» a la plataforma, para que obligatoriamente, actúen con diligencia y a la mayor brevedad.
 
Y por último, el tercer paso es intentar reclamar al usuario responsable de la captación y/o la subida del contenido, y proceder de la misma manera que con la plataforma. Si bien los usuarios no están obligados por el DSA, son igualmente responsables y se les debe reclamar.
 
Ya he reclamado de la manera correcta y he guardado las pruebas. ¿Qué hago ahora?
 
El DSA exige que exista durante al menos seis meses desde la decisión un sistema interno eficaz, electrónico y gratuito para recurrir, entre otras, la decisión de retirar o no retirar un contenido.
 
Pero esto no quiere decir que necesariamente deban tardar seis meses. Unos pocos días de video viral puede tener consecuencias catastróficas, como les pasó a nuestros clientes.
 
La obligación de la plataforma es tramitar las reclamaciones en tiempo oportuno y de manera diligente y no arbitraria. Si ves que «tardan demasiado» y que tu reclamación fue lo suficientemente clara, evidente e indudable, la plataforma debe probar las razones por las cuales tardó más de lo razonable.   
 
La resolución de la reclamación siempre debe ser motivada y debe informar sobre las vías posteriores de recurso. Y existe una garantía especialmente relevante para evitar que una IA sea quien resuelva el asunto: el artículo 20.6 exige que estas decisiones se adopten bajo la supervisión de personal adecuadamente cualificado (es decir, personas de carne y hueso) y no exclusivamente mediante medios automatizados.
 
Por ello, frente a una respuesta automática, dilatoria o insuficientemente motivada, es esencial que conserves prueba tanto de la reclamación como de la respuesta recibida, y sobre todo las fechas.
 
¿Qué hago si tardaron demasiado en retirar el vídeo o si no lo retiran?
 
Ahí es donde debes contratar a unos abogados especializados en derechos digitales. Dado que la materia es de protección civil de derechos fundamentales, puedes demandar de inmediato y pedir una indemnización a la plataforma y al usuario por los daños causados, sin necesidad de acudir a un MASC previo.
 
La cuantía indemnizable no depende únicamente de demostrar un perjuicio económico directo. Los tribunales valoran las circunstancias concretas como la gravedad de la utilización, carácter humillante o no del contenido, número de personas alcanzadas, duración de la exposición, reiteración, utilización comercial, consecuencias para la persona afectada y difusión obtenida, según ordena al artículo 9 de la LO 1/1982.
 
¿Cuánto suelen indemnizar los jueces a las víctimas en estos casos? De 10.000 a 50.000 euros.
 
En España hay pocos precedentes, al ser un ámbito relativamente novedoso, y que con la IA irá a peor.
 
Resulta significativa la STS 788/2022, de 17 de noviembre. En aquel procedimiento, ABC utilizó para ilustrar una noticia sobre terrorismo yihadista una fotografía en la que aparecían personas completamente ajenas a esa actividad, obtenida de Internet o redes sociales. El Tribunal Supremo confirmó la vulneración de sus derechos fundamentales y una indemnización de 10.000 euros para cada demandante. La sentencia insiste en que autorizar el acceso a una fotografía en una red social no equivale a consentir su utilización descontextualizada por terceros.
 
Otro precedente relevante es la STC 62/2025, de 11 de marzo, relativa a la inserción durante unos segundos de la imagen de un boxeador que no era el protagonista de una noticia sobre un homicidio. El Tribunal Supremo había reconocido la intromisión ilegítima, acordado la retirada del material y fijado una indemnización de 3.000 euros; el Tribunal Constitucional desestimó posteriormente el recurso de amparo formulado por el medio.
 
Estos asuntos demuestran que incluso una utilización breve o una imagen previamente disponible en Internet puede dar lugar a responsabilidad cuando la publicación carece de justificación suficiente o sitúa a la persona en un contexto que no le corresponde.
 
El más reciente precedente es de mayo de 2026. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 8.ª, núm. 162/2026, de 5 de mayo de 2026 resolvió el procedimiento iniciado contra Atresmedia (Antena 3) por la mujer joven cuya expresión, «La he liao parda», se hizo un meme después de una entrevista televisiva emitida en 2008.
 
La Audiencia distinguió cuidadosamente entre la emisión inicial y las posteriores reutilizaciones. La afectada había consentido la entrevista original, pero no había autorizado que su imagen y su voz fueran reutilizadas durante años para otras finalidades, particularmente en espacios de entretenimiento.
 
El haberse usado su imagen y voz durante tantos años, y ser el hazmerreír de todos, causó en la chica trastornos graves, e incluso intentos de suicidio.
 
Finalmente la Audiencia condenó a Atresmedia a pagar a la chica 50.000 euros, si bien en la demanda ella pedía 300.000 euros. En Escalante & Botello la indemnización de 50.000 euros nos parece insuficiente, pues en el proceso se acreditaron daños gravísimos y continuados durante más de una década.
 
La cantidad para ese medio de comunicación, que se lucró a costa del sufrimiento ajeno, es del todo injusta a nuestro parecer, es por ello que pensamos que, en España, aún queda mucho por avanzar judicialmente en este tipo de problemas, y más aún, por concienciar a la población de que los memes que se ríen de otros seres humanos sin su consentimiento, no son graciosos en absoluto.