En el imaginario colectivo, las grandes operaciones policiales suelen venir acompañadas de grandes titulares de prensa, imputaciones múltiples y un relato que, casi sin darnos cuenta, desplaza la presunción de inocencia hacia una presunción de culpabilidad. En Escalante & Botello Abogados sabemos que ahí es precisamente donde cobra mayor sentido la defensa penal: cuando lo que parece amenaza con imponerse a lo que jurídicamente es.
Ese fue el contexto de la conocida operación «Vagary», una investigación de enorme complejidad desarrollada en la provincia de Málaga, en la que Miguel Ángel Escalante asumió la defensa de quienes la instrucción señalaba como supuestos cabecillas de una organización criminal. Sobre ellos pesaba un escenario punitivo especialmente severo: trata de seres humanos, favorecimiento de la prostitución, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, blanqueo de capitales, delitos contra la salud pública y organización criminal. Un marco punitivo que superaba holgadamente los 30 años de prisión.
Lejos de dejarse arrastrar por cualquier precipitado juicio de valor sobre los hechos que se describían en los atestados, la defensa partió de una premisa básica, pero cada vez menos respetada: las investigaciones policiales no son una verdad irrefutable. Hemos visto en innumerables ocasiones como hay procedimientos que se inician con un gran impacto mediático y que, con el avance del proceso, se ven cómo los indicios se diluyen como un azucarillo. La función del abogado penalista debe ser siempre examinar con rigor quirúrgico la causa.
Así fue como el Letrado detectó errores graves y relevantes en los plazos de instrucción, concretamente en las sucesivas prórrogas acordadas. Un aspecto técnico que, resulta; sin embargo, determinante: cuando se produce una inhibición y un nuevo Juzgado de Instrucción asume la competencia, el dies a quo no comienza de cero, sino que debe computarse desde la apertura original de las actuaciones. Este extremo, lejos de ser una cuestión menor, afectaba de lleno a la validez de la instrucción practicada; más si consideramos nulas algunas de esas prórrogas y, consecuentemente, viciamos muchas de las diligencias instructoras más importantes en una causa como son las entradas y los registros en los domicilios y/o establecimientos. O cuando, por ejemplo, acabamos por tomar declaración a los investigados fuera del periodo instructor.
La consecuencia jurídica era clara: se hace inviable la continuación de la causa.
No obstante, lejos de una objeción formal, el escrito en el que el letrado interesaba el archivo de las actuaciones también contuvo un análisis técnico y exhaustivo de cada uno de los delitos imputados, concluyendo en suma queno existían indicios suficientes de criminalidad como para justificar la apertura de juicio oral.
La resolución judicial vino a confirmar esa doble línea de defensa. Por un lado, acogió la tesis procesal relativa a los plazos de instrucción, lo cual ya era suficiente para alcanzar el objetivo pretendido, pero por otro, también se reflejó que el material acumulado no alcanzaba el umbral exigido para sostener la acusación penal. El resultado fue el archivo íntegro de la causa.
Así, un procedimiento que comenzó con una pluralidad de detenciones, registros y una proyección mediática notable terminó de la forma menos visible, pero más trascendente para quien lo sufre: una llamada del Letrado al cliente comunicándole el éxito judicial alcanzado y la finalización satisfactoria del procedimiento.
Este caso resume nuestra forma de entender la defensa penal en macroprocedimientos: serenidad frente al ruido, técnica frente al prejuicio y convicción frente a la inercia punitiva. Esa es la mejor garantía de justicia.
