Las macrocausas penales tramitadas ante la Audiencia Nacional se caracterizan por su complejidad, su extensión temporal y, en muchas ocasiones, por un fuerte componente mediático que condiciona la percepción pública del procedimiento. En ese contexto, la función de la defensa adquiere una relevancia esencial: reconducir el proceso al terreno estrictamente jurídico, alejándolo del ruido y de los prejuicios.
 
Ese fue el escenario al que se enfrentó Miguel Ángel Escalante Torre, cuando asumió la defensa de quien era señalado como el principal cabecilla de una presunta organización criminal en una macrocausa de enorme envergadura. El procedimiento presentaba una acusación nuclear por estafa agravada continuada, de la que pretendían derivarse otros delitos de igual gravedad como blanqueo de capitales y organización criminal.
 
Desde el primer momento, la estrategia de defensa se articuló sobre dos ejes que debían ser inseparables: procesal y sustantivo.
 
Desde una perspectivaprocesal, el análisis de la instrucción reveló irregularidades que eran relevantes y que ponía en jaque la continuación de la causa. Por un lado, se advirtió que se habían practicado ladeclaración de los investigados fuera del plazo legalmente establecido para la instrucción, una cuestión que no puede despacharse como un mero formalismo cuando afecta directamente a las garantías constitucionales del investigado.
 
Y, por otro lado, la defensa puso de manifiesto la existencia de dos etapas claramente diferenciadas en el tiempo, y que la fuerza actuante había pretendido conectar, siendo en puridad negocios jurídicos distintos, lo que conducía inevitablemente a que la mayor parte de los hechos investigados se encontraran prescritos.
 
Esta diferenciación temporal no era accesoria, para el letrado siempre resultó la clave para desmontar una construcción acusatoria que trataba de presentar como un único bloque delictivo lo que, en realidad, respondía arealidades jurídicas completamente diferentes.
 
En el plano sustantivo, la defensa realizó un análisis pormenorizado del delito principal imputado: la estafa agravada continuada. Se abordaron con rigor todos sus elementos típicos para evidenciar que no concurrían los presupuestos necesarios para ello. Y si el delito base no se sostenía, tampoco podían subsistir los delitos accesorios que de él pretendían derivarse, como el blanqueo de capitales o la pertenencia a organización criminal.
 
Uno de los aspectos más controvertidos del procedimiento fue sostener desde un plano penal lo que parecía a todas luces la denuncia de incumplimientos contractuales propio de ser analizados en el ámbito civil y más, si atendemos al principio de ultima ratio del derecho penal.
 
Finalmente, el Juzgado Central de Instrucción núm. 1 dio la razón a la defensa y acordó el archivo de la causa —confirmado después por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional— poniendo fin a un procedimiento con una enorme carga personal y jurídica para el investigado.
 
Este asunto sintetiza con claridad nuestra manera de concebir una defensa penal en procedimientos de máxima complejidad: estudio minucioso de la causa, firmeza para cuestionar la instrucción y estrategia jurídica definida. Ese es el único camino válido en aras de defender el derecho de nuestros clientes.